En Enero del año 2006 la entonces ministra de Medio Ambiente, la «socialista» Cristina Narbona, presentó un plan destinado a frenar la sangría de aves electrocutadas en las torretas y tendidos eléctricos españoles. Aunque el borrador contó desde el comienzo con el beneplácito de la Comisión Nacional de la Naturaleza y de la Comisión Nacional de Energía, las aves tuvieron que esperar hasta el año 2008 para ver este borrador convertido en Real Decreto. Un decreto «que llega 20 años tarde» en palabras de Miguel Ferrer, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Quizá se refiere Ferrer al millón de pájaros y aves que, según datos de la Sociedad Española de Ornitología, estaban muriendo electrocutados justo 1 año antes, en 2007, achicharrados en las estructuras de cableado eléctrico que recorren prácticamente todos los paisajes de nuestra geografía.

 Quizá esté también en la memoria de Ferrer al hacer esa afirmación un dato escalofriante que deja patente la importancia de proteger a las aves, y por extensión, a todos los animales, de las consecuencias de la industrialización desmedida del homo sapiens sapiens: en 1987 el 80% de las águilas imperiales muertas en España, se estimaba que lo hacían a causa de accidentes con los cables del tendido eléctrico, así lo afirma en un libro de reciente publicación («Aves y tendidos eléctricos: del conflicto a la solución”), en el que Ferrer, investigador en la Estación Biológica de Doñana y presidente de la Fundación Migres, detalla cómo España “ha sido pionera en la resolución de un problema que hace apenas veinte años parecía completamente irresoluble». Y es que, en términos generales, y siempre según el CSIC, al que pertenece Ferrer, las mejoras en tendidos eléctricos han conseguido reducir en un 80 % la mortalidad de las aves en España, lo que supone evitar la muerte por electrocución y colisión de 15.000 ejemplares al año.

 En 1987 el 80% de las águilas imperiales muertas en España, se estimaba que lo hacían a causa de accidentes con los cables del tendido eléctrico

De hecho, en 2006, Alejandro Sánchez, director ejecutivo de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) enumeraba el problema de los tendidos eléctricos como uno de los más importantes en el proceso de desaparición de muchas especies de aves en nuestro país, después de la destrucción del hábitat autóctono, las especies invasoras y los venenos usados para ahuyentarlas o proteger las cosechas, por ese orden. En este sentido dicha asociación se apuntó un tanto providencial en el partido de la lucha contra la muerte indiscriminada de aves al verse aprobado por fin El Real Decreto 1432/2008 que protege a las aves contra la colisión y la electrocución. Esta ley establecía al fin una normativa clara sobre las llamadas “zonas de protección”, utilizadas para reproducción, alimentación, dispersión y de concentración local, donde ningún tendido podrá ser construido y aumenta la dotación económica destinada a tal fin (protección).

 

Independientemente del baile de cifras sobre aves muertas y especies extinguidas o en peligro de serlo pronto (como ejemplo decir que gigantes de la industria como Endesa o Red Eléctrica cifran en 30.000 los ejemplares defenestrados en 2005 mientras que la propia SEO/BirdLife hablaba de un millón en 2007), parece claro que tanto unos como otros están de acuerdo en que las medidas que se han ido adoptando paulatinamente han contribuido a disminuir notablemente un problema que amenazaba (y aún lo hace) a casi la mitad de las aproximadamente 450 especies diferentes de aves que tenemos en nuestro país, según Sánchez. Muchas de  estas especies están protegidas. Especial atención merece el tema de la avutarda, uno de los más damnificados por su gran tamaño.

El Real Decreto 1432/2008 que protege a las aves contra la colisión y la electrocución establecía al fin una normativa clara sobre las llamadas “zonas de protección”, utilizadas para reproducción, alimentación, dispersión y de concentración local, donde ningún tendido podrá ser construido y aumenta la dotación económica destinada a tal fin (protección).

Como siempre en estos casos, el ciudadano, el habitante de los parajes donde habitan estas maravillosas criaturas, debe ser el primer guardián de este tesoro. Debemos seguir exigiendo que se cumpla ley vigente y que las empresas continúen desarrollando medidas: siluetas de metal, alejamiento de las zonas de protección, señales espantapájaros…para no perder entre otros, a nuestro emblemático águila imperial que ha visto en los últimos años reducido su colonia a sólo 220 parejas, un 30% menos que hace 5 años, según datos del MAGRAMA.

 Por ello debemos seguir atentos y pasar a una segunda fase en la que medidas mucho más estrictas se contemplen, como el enterramiento de los tendidos en las zonas más susceptibles de colisiones y el desvío de las vías más peligrosas. Sólo así llegaremos a dar el paso definitivo para restablecer un equilibrio que los diferentes ecosistemas acusan, y de qué forma.

 

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